Paco Sanmartín
Todos sabemos que un coche nuevo pierde valor en cuanto lo sacamos del concesionario y que en unos cuatro años se habrá devaluado alrededor del 40 %. Con la fiebre tecnológica, un ordenador o un móvil está desfasado en un año como mucho. Lo viejo se devalúa, pero siempre está la excepción que confirma la regla: la vivienda.
Da lo mismo que los materiales se hayan quedado anticuados, que los sistemas de seguridad, aislamiento, cerramientos sean obsoletos, es lo de menos. Un piso de 90 metros cuadrados que hace 30 años costaba unos 30.000 € (326 €/m²) ahora vale 261.000 € (2.905 €/m²), un incremento de precio del que no sólo se beneficia el propietario, sino también la administración pública a través de la plusvalía, un impuesto que grava la ganancia obtenida por la venta de una propiedad a través del precio inicial.
En un análisis rápido, hablaríamos de especulación inmobiliaria privada, pero cuando se estudia la situación a fondo, podemos comprobar como desde los estamentos gubernamentales se derivan las responsabilidades sociales hacia los ciudadanos y las empresas privadas. Desde que Poncio se lavó las manos, eso de echarle las culpas a otros es una especialidad de nuestros políticos.
“Fórmulas de solución, existen: lo que falta es un Poder Social que quiera aplicar esas fórmulas”, estas palabras podrían haber sido escritas antes de ayer; pero no: son palabras mecanografiadas por Blas Infante para dar un discurso el 27 de mayo de 1923 en la Cámara de Inquilinos. ¡Hace más de 100 años!
La solución no pasa por crear un decreto que paralice los desahucios, prorrogarlo y alargar una agonía o esperar que la ruleta de las urnas le dé el poder a otro partido cuyo marketing se dirija a un rebaño menos sensible a los desalojos y que le hace ojitos a los bancos y a los grandes tenedores, “pan pa ´hoy y hambre pa mañana” .
¿Cuáles son esas soluciones de las que hablaba el Sr. Infante? Pues las mismas de las que se hablan hoy: la creación de un parque público, estatal y social de viviendas a gran escala, que no tenga afán especulativo y que, por consiguiente, ponga los pies en el suelo al mercado comercial de la vivienda. Ley de la oferta y la demanda. No consiste en eliminar la propiedad privada, sino en que los poderes públicos cumplan con su compromiso de proteger y ayudar a los sectores sociales más vulnerables y dejar de “jugar” con los derechos más fundamentales. Pero muchos han encontrado la gallina de los huevos de oro usando las necesidades básicas (alimentación, salud y vivienda) para enriquecerse y, lo que es aún peor, protegidos y apoyados por los poderes gubernamentales.
Expresado de esta forma parece tan sencillo que asusta. Y entonces ¿por qué no se hace? ¿Quizá existan intereses económicos que se benefician de la especulación inmobiliaria y de que se siga construyendo vivienda nueva que encarece el precio del mercado? ¿A costa del dolor? O quizás no sea algo que vaya a repercutir de forma inmediata en la intención de votos y aquí se funciona en base a mantener el sillón. Es lo de menos… o quizá sea que seguir en la dinámica de acusaciones a ver quién es más corrupto sea más divertido, sólo tenemos que poner las noticias en televisión para ver cómo nuestros diputados, senadores y parlamentarios se ríen dirigiéndose improperios unos a otros. Lo de solucionar problemas es más aburrido y tedioso.
Mientras escribo esto, me llega la noticia de un desahucio en Ibiza donde una operación aritmética ha provocado el dolor a una familia con tres hijos. Justicia lenta + especulación = vidas destrozadas. Una administración que no cumple con los plazos para entregar un certificado de vulnerabilidad y evitar un desahucio ha llevado a esta familia a vivir en pensiones abonadas por los servicios sociales municipales. ¿Esto tiene lógica?. Echamos a esta familia de su casa provocando que unos menores rompan con su entorno, que se entorpezca su estructura educativa, y los vamos a llevar a pensiones que se pagan desde la propia administración que ha provocado el desahucio por su ineficacia. ¿Qué más da? Si el dinero es de los impuestos y aunque nos hayamos equivocado no nos van a pedir responsabilidad.
Et tu, Brute?
